La colección del Instituto Nacional Juan Domingo Perón se repartiría en tres organismos públicos
Un remo, cientos de libros, sillones y otros objetos se están inventariando y serán distribuidos en diferentes dependencias gubernamentales tras el cierre del centro de investigaciones históricas
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LA NACIONDaniel Gigena
La sede del Instituto Nacional Juan Domingo Perón de Estudios e Investigaciones Históricas, Sociales y Políticas, organismo que desde 2024 dependía del Ministerio de Capital Humano y fue disuelto por el decreto 346 del Ejecutivo a mediados de mayo, es Monumento Histórico Nacional desde abril de 2008 (en 1999, el presidente Carlos Menem -por decreto- lo había declarado “lugar histórico”). Está ubicado en Austria 2593, al lado de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno (BNMM), en el predio de la antigua residencia presidencial hasta 1955, donde vivió el general Perón durante sus dos primeros mandatos y donde murió Eva Perón en 1952.
El edificio fue tomado el sábado por el dirigente social Juan Grabois y otros militantes peronistas y de Argentina Humana, en una inesperada acción que derivó en su detención y pronta liberación por parte de la Policía Federal.
En las imágenes de la toma se pudo constatar que el edificio está vacío. Fuentes oficiales dijeron a LA NACION que los libros, el archivo documental y los “tesoros” de la colección del Instituto (un remo usado por Perón, los sillones antiguos y faroles de la Quinta 17 de Octubre, en Puerta de Hierro, así como la escultura de Eva Perón hecha por Fernando Pugliese, entre otros) se hallan bajo guarda del Ministerio de Capital Humano, tal como prevé el artículo 10° del decreto 346. Actualmente, el inventario está en proceso de registro patrimonial.
“Quieren vendérsela a IRSA, a [Eduardo] Elsztain, porque es una propiedad muy valiosa”, había afirmado el dirigente social, abogado y novelista. En respuesta a los dichos de Grabois, el Gobierno aseguró que el edificio no sería vendido ni derribado.
Según trascendió, los bienes del Instituto Perón se distribuirán en tres organismos púbicos: el Archivo General de la Nación, el Museo Evita y la Biblioteca Nacional. Esta última institución, que pidió la custodia de los bienes, será la encargada de clasificar el material y definir su destino. En algunos casos, si se acredita la propiedad, podrían ser reintegrados a sus dueños, siempre y cuando no hayan sido donados al Estado nacional.
Según ATE Cultura, en el Instituto trabajaban quince personas, con sueldos promedio de $ 700.000 (LA NACION pudo ver comprobantes de mayo pasado con un salario neto de $ 586.000). Sin embargo, fuentes oficiales informaron que eran veinticuatro empleados, que cobraban en promedio $ 1.300.000, y que el Estado destinaba cuatrocientos millones de pesos al pago de sueldos. Todos los trabajadores fueron despedidos.
El edificio donde funcionaba el Instituto Perón es el único que queda en pie de la antigua residencia presidencial, el Palacio Unzué, que se demolió “a pico y pala” (como se lee en la placa de la fachada) luego del golpe de Estado de junio de 1955. El Instituto, creado en abril de 1995, contaba con salas de estudios e investigaciones, un salón de actos para ciclos de conferencias y un espacio para la biblioteca, el área de lectura y los equipos multimedia. El archivo prestaba un servicio eficiente a quien requiriera materiales digitalizados.
En la Sala Multimedia, fundada en 1998, se preservaban casi 1400 libros sobre peronismo, más de mil títulos de historia argentina, más de quinientos de otros temas y cientos de ejemplares de publicaciones periódicas, además de colecciones fotográficas, de audio y de video.
Entre los volúmenes, figuran los mensajes y discursos de Perón, la colección Escuela Superior Peronista y obras como La Nación Argentina. Justa Libre Soberana, de más de ochocientas páginas. Se donaron colecciones completas y parciales de diarios y revistas, dedicadas a temas como la muerte de Eva Perón o la Revolución Libertadora. Los libros de la Biblioteca Reservada solo estaban disponibles para investigadores o personas acreditadas.
En diálogo con LA NACION, el diputado Eduardo Valdés confirmó que, tras la publicación del decreto 346 en el Boletín Oficial, en representación de la secretaria general Lucía Corpacci, había presentado un recurso de amparo ante el Juzgado Contencioso Administrativo n° 9, a cargo del juez Juan Gabriel Cayssials, que deberá determinar si frena o no la disolución del Instituto Perón.
Valdés remarcó que, con el cierre del organismo, el Gobierno infringe el artículo 3° de la ley Bases, donde se establece que el Poder Ejecutivo no podrá disponer la disolución de organismos vinculados a la cultura. Meses después de la sanción de esa ley, en octubre de 2024, el Gobierno había sacado el Instituto Perón del organigrama de la Secretaría de Cultura y lo había derivado al Ministerio de Capital Humano.
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