“Devolvemos US$100 millones”: Federico Sturzenegger celebró un cambio para importar productos veterinarios y habló de una “batalla contra la casta”
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado destacó una normativa del Senasa que reconoce equivalencia en otros países; abarca medicamentos, kits de diagnóstico y vacunas, entre otros rubros
7 minutos de lectura'
El Gobierno oficializó hoy un nuevo procedimiento para autorizar productos veterinarios importados a partir de un esquema de reconocimiento por equivalencia. Se trata de una medida que apunta a reducir tiempos y costos de ingreso al país para medicamentos y kits diagnósticos que ya estén registrados en mercados de referencia. Incluye la vacuna antiaftosa que generó polémica desde el año pasado cuando el laboratorio Tecnovax apuntó contra trabas para ingresar a competir en el mercado.
La disposición quedó formalizada en la Resolución 333/2025, publicada en el Boletín Oficial que lleva la firma del presidente del Senasa, Pablo Cortese y se enmarca dentro del plan de simplificación administrativa que impulsa el gobierno nacional.
Según la norma, el nuevo mecanismo se aplicará a todos los productos veterinarios — biológicos, farmacológicos y kits diagnósticos — y será extensivo a aquellos registrados, elaborados y comercializados en países que figuran en un listado anexo.
“Estados Unidos, Japón, Suecia, Suiza, Israel, Canadá, Austria, Alemania, Francia, Reino Unido, Países Bajos, Bélgica, Uruguay, Dinamarca, España e Italia”, detalla el adjunto con los países de donde pueden ingresar los productos veterinarios.
El objetivo es optimizar la trazabilidad y reducir la duplicación innecesaria de procesos, sin comprometer los estándares de seguridad sanitaria. Para ello, se establece que los productos que cumplan con ciertos requisitos técnicos y regulatorios podrán ser autorizados directamente por Senasa sin pasar por un registro completo local.
Entre los requisitos establecidos para acceder a la autorización por equivalencia figuran la presentación de un Certificado de Libre Venta vigente, el dossier de registro aprobado por la autoridad sanitaria del país de origen, y documentación técnica adicional en casos que involucren materias primas de riesgo o cepas modificadas. Toda la información deberá presentarse en inglés y con traducción al idioma nacional.
La resolución establece algunas excepciones para productos que incluyan en su composición agentes contra enfermedades exóticas o erradicadas en el país, o cepas atenuadas no circulantes u organismos genéticamente modificados. En esos casos, no podrán acceder al mecanismo simplificado y deberán seguir el procedimiento tradicional.
Además, Senasa aclaró que los productos aprobados por este mecanismo deberán cumplir con el rotulado previsto en la normativa nacional vigente y, una vez concluidos los trámites, recibirán un Certificado de Uso y Comercialización (CUC) que habilitará su venta en el país.
Para productos ya registrados bajo la normativa anterior, la resolución indica que deberán renovarse o actualizarse mediante este nuevo procedimiento de equivalencia, siempre que cumplan con los requisitos técnicos establecidos.
Asimismo, se prevé que los trámites administrativos vinculados a la autorización se incorporen progresivamente a la plataforma digital SIG-Trámites, en función de un cronograma que definirá el propio Senasa.
Apenas se conoció la resolución, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la medida a través de su cuenta de X (exTwitter).
“Les quiero contar hoy una historia que ilustra mejor que ninguna cómo funcionaba el modelo de la casta que el presidente Javier Milei vino a desterrar. Hoy le devolvemos 100 millones de dólares anuales que le birlaban a los argentinos ¡Pasen y conozcan esta triste historia que por suerte llega a su fin!“, comenzó su largo posteo.
Contó que desde 2001, “la Argentina tiene un estricto protocolo de vacunación de aftosa, pero ese no es el problema sino que, a diferencia de otros países, en la Argentina exigíamos una vacuna “tetravalente”, es decir, que incluyera cuatro cepas".
“¿Qué bien, no? Pero acá es donde la trama se pone interesante, porque dos de esas cepas hace años no existían en el mundo y solo las tenía un laboratorio local ¿Ah…, ¿cómo? Sí, lo que leíste. Es decir, que mientras nuestros vecinos usaban una vacuna con dos cepas, ninguna de esas vacunas podía venderse acá. En otras palabras, las especificaciones técnicas bloqueaban la competencia. Como resultado las vacunas (o mejor dicho “la vacuna” — porque había solo una-) acá eran más caras", detalló.
“Hoy la vacuna vale 1,2 dólares en la Argentina, cuando en Uruguay vale 72 centavos de dólar y en Paraguay 35 centavos (…y acá lo más escandaloso: ¡el laboratorio argentino que la vende a 1,2 dólares en nuestro país es el mismo que la vende en Paraguay a 35 centavos!).Es decir que pagábamos un sobreprecio de 85 centavos de dólar. Año tras año. Multipliquen por casi 100 millones de dosis. Y luego multipliquen por 25 años. Saquen cuentas.“, ironizó Sturzenegger.
Luego continuó: “Y así nos fuimos poniendo viejos. Pasaban los gobiernos y todos fingieron demencia mientras el ganadero (y en última instancia el consumidor), dale que dale, pagando la vacuna casi tres veces lo que el mismo laboratorio que le vendía cobraba del otro lado del río Paraguay. Anoticiado de esto el año pasado, el Presidente nos pidió una solución inmediata del problema, por lo que se modificó la reglamentación a una más razonable de una dosis bivalente, equivalente a la que se comerciaba en la región. El año desde entonces lo vimos al presidente del Senasa batallando para re-certificar vacunas ya autorizadas en otros países. Pero era tal el nivel de engorro en el proceso según la normativa (¡oh que casualidad!) que llegamos a esta campaña sin que pudiéramos concretar reducciones visibles en los costos. De hecho, ¡el laboratorio que las vende acá las aumentó hace un par de meses! Fue la señal de que una solución no podía esperar".
En este contexto, señaló que se le dio intervención a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) que dictaminó la necesidad, como informó LA NACION, de un cambio integral para llegar en un trabajo conjunto del Senasa, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, a cargo de Sergio Iraeta, el Ministerio de Economía, a través del secretario coordinador de Producción, Pablo Lavigne y el Ministerio de Desregulación, junto al equipo de CNDC a esta norma.
“La misma establece la equivalencia y autoriza la venta de vacunas en el país que cuenten con certificación de venta en una serie de países. De esa manera la importación de vacunas será casi inmediata, y esperamos, con ello, la reducción de los costos de producción. Aunque la motivación de la resolución fue la vacuna aftosa, aprovechamos y lo hicimos para todos los productos veterinarios, lo cual redundará en una mayor oferta y menor costo para la actividad ganadera en general", enfatizó.
Por último, indicó: “Entre todos hemos ganado esta batalla contra la casta, contra las reglas que durante años de kirchnerismo (siempre protector del modelo de la casta) nos impusieron. Le hemos devuelto no solo la libertad sino también su dinero al productor. VLLC!"
Entre las principales recomendaciones de la CNDC está revisar la exigencia de la prueba de Protección a la Generalización Podal (PGP) para el registro de vacunas contra la fiebre aftosa y considerar su reemplazo por pruebas indirectas validadas, como el método ELISA-CFL.
Además se plantea la posibilidad de reconocer la “equivalencia” para autorizar la elaboración e importación de vacunas contra la fiebre aftosa de países con alta eficacia comprobada, similar a lo que se autoriza para sustancias activas fitosanitarias.
Por otra parte, se sugiere la posibilidad de reconocer la “equivalencia” respecto de los certificados de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) otorgados por países considerados “de alta exigencia” o con trámites y requisitos similares a los nacionales y se propone flexibilizar los requisitos para la inscripción en el Registro de Entes Sanitarios.
Además, se recomienda permitir que puedan coexistir más de una fundación o ente sanitario o proveedor veterinario en una misma área geográfica, sin condicionar la elección del productor y se plantea permitir al productor elegir libremente su proveedor de servicios sanitarios, con la única limitación de que esté inscripto en el registro correspondiente.
Por último, se sugiere eliminar las restricciones por partido, departamento o área geográfica para ampliar la posibilidad de elección de los productores, fomentando así la competencia y la reducción de costos y se propone que los aranceles por los servicios prestados por los entes sanitarios se fijen libremente por acuerdo entre las partes.
Más leídas de Campo
1“No podemos quedar resumidos en fernet y choripán”: la sorprendente alianza gastronómica de cocineros y productores cordobeses que es furor
2Opinión: la inteligencia artificial y la oportunidad para el agro
3Carne de cerdo: alertan que las mayores importaciones no ayudaron a bajar los precios en góndola
4“Disminución muy marcada”: se cortaron las exportaciones de una joya productiva de Río Negro
Últimas Noticias
Disertará en agosto. Llega un productor japonés que revoluciona un cultivo
“Capas tectónicas”. Federico Sturzenegger celebró el fin de una exigencia para la yerba mate que ya estaba con una “letra muerta”
