México vota sus jueces: la jugada que amenaza la independencia de uno de los poderes del Estado
El gobierno sostiene que quiere democratizar un poder corrompido; la mayoría de los candidatos son cercanos al oficialismo
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LA NACIONRamiro Pellet Lastra
“Estoy más preparado que un chicharrón para ser ministro de la Suprema Corte de la Nación”, dice Rodrigo Aristides en un video de campaña, cuando una seguidora le ofrece ese popular plato crujiente. Como él, miles de candidatos se postularon para las inéditas elecciones de este domingo en México, donde no se eligen políticos, sino jueces.
Porque desde ahora México no solo tiene elecciones a cargos ejecutivos y legislativos, como todo el mundo: también tiene comicios judiciales. Y si bien otros países tienen algunas magistraturas electivas, la jugada de México va más allá de todo precedente, dado que reemplazará a todos los jueces. Absolutamente todos.
La votación del domingo cubrirá 881 cargos federales (la mitad del total) y 1800 estatales, y en una segunda elección en 2027 se cubrirán los demás puestos. El voto incluye la renovación completa de la Suprema Corte, para la cual los mexicanos deberán decidir entre 64 candidatos.
Las voces en contra se escuchan desde que el expresidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador lanzó la reforma judicial el año pasado. Su sucesora y heredera política, Claudia Sheinbaum, se puso al hombro el proyecto y lo promovió como la “democratización” judicial. Pero han llovido objeciones tanto sobre la naturaleza de la reforma, es decir, el hecho mismo de que se voten los jueces, como sobre las intenciones del oficialismo.
El diario británico Financial Times definió la votación como “un experimento kafkiano”. El conocido adjetivo sobre cosas confusas, enrevesadas e irresolubles, nació precisamente de la novela El Proceso, sobre un juicio que nadie entendía, ni el acusado ni los jueces. Y algo así estaría sucediendo con estos comicios. Habrá miles de candidatos entre los que cada votante deberá elegir nada menos que 200. Se calcula que los votantes demorarán unos diez minutos como mínimo para emitir el voto, dada la cantidad de boletas y de aspirantes .
Voto inducido
Entre las numerosas críticas de los actores de la vida pública mexicana, un informe de la consultora de riesgo Integralia señala que se creó un entorno propicio para que las elecciones “sean las que tengan la mayor proporción de voto movilizado e inducido en la historia de México”.
“Esta elección va a ser de todo menos democrática. La gran mayoría de los candidatos son gente cercana a Morena, el partido de gobierno. Y la gente vota a ciegas. Son muchísimos candidatos, muchísimas boletas. Los que van a votar van a ser las clientelas y los acarreados, que son llevados para votar por lo que llamamos ‘acordeones’, plantillas donde ya dicen por quién tienes que votar. Tú llegas y simplemente pones lo que te dieron, pero no sabes ni quiénes son”, dice a LA NACION el historiador y analista político José Antonio Crespo.
“Son puros nombres que pues si acaso conoces uno o dos, por ejemplo, de la Corte Suprema. Pero en todos los demás jueces, en todos los demás temas, temas laborales, federales, familiares, sindicales, ¿pues quién va a conocer a esos candidatos? Nadie”, dice Crespo.
No es de extrañar que según los encuestadores habrá un alto abstencionismo. Ante una ausencia que se anticipa masiva, las consultoras de opinión no se enfocaron en quiénes son favoritos, sino en cuál será la participación. La mayoría de las estimaciones la ubican entre 15 y 23% y el gobierno de Sheinbaum está llamando a acudir sin falta a votar.
Según los impulsores de la reforma, el juez ya no será una persona distante, corrupta e incompetente. El nuevo juez será cercano a la gente, cálido y confiable. Más que un juez, será un amigo. Y así se presentaron los candidatos en las campañas de las redes sociales.
Está el que dice ser mejor que el chicharrón. O la que se compara con un dibujo animado: “Soy Doralicia Martínez Valero, candidata a ministra de la Suprema Corte de Justicia. Soy Dora, la transformadora”. Rigoberto Rojas, aspirante a juez federal, es otro ejemplo: si te están haciendo “tuchi tuchi” a tus derechos, él puede defenderte y evitar que te den “macanazos”.
El premio mayor
Pero la comicidad de las campañas no puede acallar los señalamientos de que el gobierno quiere disolver la independencia judicial sacándose de encima a los jueces, poniendo otros, y todo con una pantalla de ejercicio democrático. Y el premio mayor es la Suprema Corte. “López Obrador intentó varias veces pasar por encima de la ley, de la Constitución, y el Poder Judicial se lo impidió”, dice Crespo.
“Esta elección purga a la Suprema Corte y después de la elección habrá una Suprema Corte que no será un control constitucional a la agenda del lopezobradorismo y la presidenta Sheinbaum. Antes de la Suprema Corte, la presidencia de López Obrador logró debilitar o anular la independencia de otros órganos que funcionan como contrapesos al Ejecutivo. Morena tiene las dos terceras partes del Congreso, el Ejecutivo, y a partir del domingo controlará el Poder Judicial”, dice a LA NACION Rodrigo Castro Cornejo, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Massachusetts-Lowell.
El sistema judicial tiene mucho por mejorar en México, dice Castro Cornejo. “Pero el contenido de la reforma no cambia en absoluto nada de las carencias reales. Solo busca debilitar y capturar un poder que representaba un contrapeso”, asegura. “Solo Bolivia tiene un sistema similar. Y el problema ha sido la muy baja participación de la gente y la politización de los jueces electos”. En la Argentina, Cristina Kirchner impulsó sin éxito en 2013 el voto popular para el Consejo de la Magistratura.
Otro problema es que los candidatos no tienen experiencia judicial. No vienen de la carrera y según la reforma les basta haber ejercido cinco años como abogados. Varios incluso han sido señalados por su cercanía con el crimen organizado, como antiguos abogados de narcotraficantes y otros mafiosos. Y al menos uno de ellos estuvo preso por drogas.
Tras conocerse estos vínculos, el presidente del Senado de México, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que en las listas de candidatos a jueces entregadas por los Poderes Legislativo y Judicial se incluyeron defensores de narcos.
“Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad; me parece que sí hay algunos casos que deberían (retirarse)“, dijo el legislador. Nadie se retiró.
La abogada del “Chapo”
El caso más sonado es el de Silvia Delgado, quien en 2016 representó al legendario “Chapo” Guzmán, antiguo mandamás del Cártel de Sinaloa. Lo visitó cada semana en la cárcel hasta su extradición a Estados Unidos, donde lo condenaron a cadena perpetua. Delgado aspira a ser jueza penal en el estado de Chihuahua.
Otro caso emblemático es el de Leopoldo Chávez, candidato a juez federal en Durango, que estuvo preso casi seis años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.
Laurence Pantin, directora de la ONG Juicio Justo y co-coordinadora del Observatorio de la Justicia del Tecnológico de Monterrey, puede estar horas enumerando los defectos técnicos y los arreglos políticos de las elecciones judiciales mexicanas. Lo estudió de punta a punta. Estado por estado.
Pantin coincide en que la reforma apunta a remover la independencia del Poder Judicial. Y añade que otros dirigentes aprovecharon el momento, el trabajo sucio del gobierno federal, para sacar ventaja. Dice, por ejemplo, que en ciertos estados ha sido muy claro el intento de controlar el Poder Judicial local en estos comicios. Y son distritos gobernados por partidos distintos, algunos vinculados al gobierno central, otros opositores.
“Lo que se demuestra es que los partidos cuando ven una oportunidad de controlar el Poder Judicial la aprovechan, incluso si ellos a nivel federal se declararon en contra de la reforma”, dice a LA NACION.
Pantin recuerda que la reforma no terminaba de convencer incluso dentro del oficialismo. Ni siquiera la presidenta Sheinbaum estaba segura. “Muchos decían: ‘Hay que tener cuidado con esta reforma, es muy peligrosa’. Y al final el argumento de muchos legisladores fue: ‘A ver, que les quede claro, esta reforma va o va’”, señala. “No hubo mucho margen para la negociación”.
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