Carrió amplió su denuncia por la situación en el Garrahan e incluyó a Caputo, Francos y Lugones
En el documento, que lleva las firmas de Elisa Carrió, Hernán Reyes y Marcela Campagnoli, se acusa a los ministros de “violación de los deberes de funcionario público”, “abuso de autoridad” y amenazas
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LA NACION
La Coalición Cívica amplió este lunes su denuncia judicial por la situación en el hospital Garrahan e incorporó a los ministros Luis Caputo y Guillermo Francos, además del titular de Salud, Mario Lugones, contra quien ya se había apuntado en la presentación original. “Este es un delito moral que afecta a los niños con un nivel de perversión propio de a quienes no les importa la vida del otro”, señalaron desde el espacio.
El nuevo escrito, que lleva las firmas de Elisa Carrió, Hernán Reyes y Marcela Campagnoli, fue presentado en el marco de la causa N° CFP 4239/2024, que tramita ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Daniel Rafecas. La investigación es impulsada por Guillermo Marijuan, quien imputó a Lugones hace días atrás.
En esta nueva instancia, Francos y Caputo fueron denunciados por “violación de los deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad”, según los artículos 248 y 249 del Código Penal. Desde la CC ARI que se los responsabiliza por su participación en la confección y disposición de las partidas presupuestarias del hospital.
A su vez, se amplió la denuncia contra el titular de la cartera de Salud por amenazas simples (artículo 149 bis), tras los incidentes ocurridos durante la reciente audiencia de negociación salarial. “Lugones no puede desentenderse de estas amenazas. Le pedimos a la Justicia que investigue su rol al frente de estas negociaciones y las agresiones sufridas, así como de cualquier otro miembro del Ministerio o del Consejo de Administración que haya amenazado”, declaró Reyes en un comunicado al que accedió LA NACION.
Los dirigentes de la Coalición Cívica hablaron además un clima de hostigamiento sistemático orquestado por el ministro. Para respaldar la acusación, incluyeron declaraciones recogidas en el programa de María Laura Santillán en LN+ el pasado viernes, en el que participaron especialistas y profesionales del hospital. “Desde los residentes hasta los médicos de planta, lo que se recibe son distintas formas de amedrentamiento o intimidación como única forma de negociación por parte de las autoridades”, afirmó uno de los testimonios incluidos en el escrito.
La presentación también detalla las consecuencias del congelamiento presupuestario. “Se ha mantenido el mismo presupuesto para 2025 que el vigente del 2024, sin considerar la inflación que ya supera el 13% en lo que va del año, lo que representa una quita en valores reales de 23.248 millones de pesos”, sostienen los firmantes. En ese sentido, recuerdan que el proyecto de Presupuesto 2025 enviado por el Gobierno — y que no fue aprobado — contemplaba un aumento en las partidas para el Garrahan equivalente a ese monto.
Y concluyen: “Los ministros se creen impunes, pero han promovido la emergencia sanitaria con el DNU 70, buscaron superpoderes con la Ley Bases y decidieron trabajar sin presupuesto en 2025. Esos no pueden ser motivos para dispensar su responsabilidad. Todo lo contrario: si piden delegaciones para trabajar sin el Congreso, tienen que hacerse cargo de cuidar las prioridades de los argentinos”.
Cuál es la situación actual del hospital Garrahan
El reclamo salarial del Garrahan se enmarca en una protesta más amplia contra los recortes del Gobierno de Javier Milei. Tras meses de congelamiento presupuestario y con salarios de residentes que cayeron hasta un 50 % en términos reales desde diciembre de 2023, el personal médico del principal hospital pediátrico del país intensificó medidas de fuerza, que incluyeron vigilias, paros parciales y movilizaciones al Congreso.
El conflicto se agudizó cuando el Ejecutivo ofreció a los médicos residentes un bono no remunerativo de $500.000 como única mejora salarial. La propuesta fue rechazada por considerarse insuficiente, ya que no se incorpora al sueldo básico ni contempla aumentos automáticos por inflación. Poco después, varios residentes denunciaron haber recibido presiones y amenazas de sanciones y despidos — incluso a través de telegramas — lo que llevó a que se levantaran momentáneamente las medidas de fuerza que se llevaron a cabo la semana pasada.
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