Paga el Estado: fijan en $630 millones los honorarios de los abogados de un primo de Kirchner, sobreseído en la causa Vialidad
Son los que letrados que patrocinaron a Santiago Kirchner, absuelto; es por la demanda civil de $22.500 millones que el Estado impulsó para todos los acusados
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LA NACIONHernán Cappiello
Con la sentencia definitiva contra Cristina Kirchner por la causa Vialidad y con la expresidenta presa en su casa, los abogados de los absueltos en esta investigación empezaron a estar en condiciones de percibir sus honorarios en una causa paralela: la demanda civil por 25.000 millones de pesos que había planteado el Estado en 2018 contra los acusados.
Así, el juez Marcelo Dos Santos, subrogante del juzgado civil y comercial federal N°2, fijó en casi 450 millones millones de pesos para cada uno, más el 40% por ser apoderados ($630 millones de pesos), los honorarios de los abogados Enrique Alberto Arce y Nicolás Guzmán. Ambos representaron a Carlos Santiago Kirchner.
Otros letrados de la causa, que ya solicitaron que se les regulen honorarios, adelantaron a LA NACION que los recurrirán por bajos, ya que estiman que les corresponde una suma tres veces superior.
Así surge de la resolución del tribunal notificada a este jueves. El monto total regulado es de 449.992.076 de pesos, con más el 40% en carácter de apoderado para cada uno de ellos.
Los abogados en cuestión son los que contestaron la demanda de Vialidad Nacional contra Carlos Kirchner, acusado en el juicio penal y finalmente sobreseído.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, además de impulsar la denuncia penal contra Cristina Kirchner y sus exfuncionarios, la Dirección Nacional de Vialidad demandó por $22.500 millones a cada uno de los imputados, incluida la expresidenta. La cifra, según la cotización de 2018, asciende a 1125 millones de dólares.
Los acusados que resultaron absueltos, con sentencia firme, en la causa penal, no van a ser alcanzados por esa demanda civil, por lo que a sus abogados ya les están regulando honorarios por su trabajo.
La ley establece que el importe de los honorarios corresponde al 12% del monto de la demanda. Y el porcentaje que les corresponde percibir depende de las instancias en que intervinieron en el proceso.
¿Quién se hará cargo del pago? El Estado Nacional, que perdió la demanda en el caso de los acusados que fueron sobreseídos. Aunque luego es de esperar que el Estado cobre la demanda con intereses a los nueve condenados, incluida la expresidenta y Lázaro Báez. Un patrimonio muy importante como para recuperar los bienes en juego.
Sin embargo, uno de los abogados consultados por LA NACION señaló que los funcionarios del gobierno de Cambiemos que impulsaron la denuncia deben ser considerados responsables solidarios por la acción, con lo que deberían responder con su propio patrimonio también para cubrir los honorarios.
Esta demanda civil contra los condenados es paralela al decomiso de los bienes dispuesto en la causa penal, por 86.000 millones de pesos, que resolvió la justicia en 2022 sobre los condenados, cuando calculó el monto del perjuicio que provocaron al Estado.
La demanda fue iniciada en 2018, durante la gestión de Javier Iguacel en la Dirección Nacional de Vialidad. El monto del reclamo es de $22.500 millones, más intereses, lo que convertido a dólares de 2018 asciende a unos 1125 millones de dólares.
Los abogados de Carlos Santiago Kirchner –los doctores Enrique Arce y Nicolás Guzmán- se presentaron ante el Juzgado Civil y Comercial Federal N°2, a cargo de Marcelo dos Santos, y pidieron que les regulen los honorarios.
Lo hicieron porque Kirchner cambió de letrado y porque hay un plazo de dos años para reclamar la regulación provisoria o, en caso contrario, prescribe el pedido.
Carlos Santiago Kirchner, primo del fallecido expresidente Néstor Kirchner, había sido funcionario del Ministerio de Planificación y en el juicio en el que Cristina Kirchner fue condenada, él resultó absuelto. Reemplazó a sus abogados Arce y Guzmán por el doctor Carlos Jorge Kirchner y, luego, por la defensoría oficial.
“Ejercimos la representación durante la primera etapa del proceso, por lo que nuestra labor comprende la tercera parte del juicio”, dijeron los abogados.
Según explicaron, los letrados no hicieron el planteo con la expectativa de cobrar una fortuna y hacerse millonarios, sino de asegurarse de no perder su derecho a reclamar los honorarios.
El caso de los abogados de Kirchner es similar al reclamo que pueden hacer cuando termine la causa penal los abogados de otros de los que fueron imputados y absueltos en el juicio penal, como Julio De Vido, Abel Fatala y Héctor Jesús Garro, extitular de Vialidad de Santa Cruz. Tras el fallo de la Corte Suprema que dejó firme sus absoluciones, ahora pueden cobrar por su actuación en la demanda civil.
En este expediente de la demanda civil, Cristina Kirchner ya reclamó dos veces “la caducidad de la instancia, al argumentar que la causa debe cerrarse porque Vialidad dejó transcurrir seis meses sin ejercer su reclamo.
El primer planteo, realizado el 18 de septiembre de 2023, fue rechazado por el juez de primera instancia y, luego, apelado ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.
Allí, la Sala III ahora debe resolver si admite o no la queja que planteó la expresidenta.
Por las dudas, la expresidenta presentó ante el juez de primera instancia un nuevo pedido para que se declare la caducidad de la instancia.
Esta vez representada por el abogado Luis Goldín, dijo que la Dirección Nacional de Vialidad tiene un “desinterés” en el reclamo.
“Si contamos los plazos de forma apegada a lo que manda el código, la caducidad de instancia operó el 28 de marzo de 2025″, dijo el letrado, y agregó que “el plazo de seis meses contando días inhábiles para decretar la caducidad es palmario y no hay discusión, incluso descontando las ferias judiciales y regalando días para cálculos redondos, el extenso plazo inactivo por parte del actor es inaceptable”. Este nuevo planteo aún debe resolverse.
Le corrieron traslado a Vialidad, que defendió la vigencia de la causa.
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