Fallo: condenaron a pagar $4000 millones a las provincias de Chubut y de Buenos Aires por una tragedia ocurrida en 2002

COMODORO RIVADAVIA.- Una jueza condenó a las provincias de Chubut y de Buenos Aires a pagar $4000 millones por la responsabilidad en el colapso de una pasarela en el Dique Florentino Ameghino (noroeste de Chubut), que provocó la muerte de ocho alumnos y una docente durante un viaje de egresados hace 22 años. En el fallo, que fue apelado ante la Cámara de Trelew, también se resolvió la indemnización de un grupo de 18 sobrevivientes de la escuela bonaerense de Merlo.

Según la jueza, además de las víctimas mortales fue el grupo que sobrevivió a la caída al río Chubut el que también sufrió heridas y consecuencias psicológicas que aún perduran. Con dos sentencias definitivas, la jueza civil de Rawson Amorina Úrsula Testino hizo lugar al reclamo de las familias de dos chicos que perdieron la vida y de los que lograron salvarse de la tragedia que conmocionó a esta provincia hace 22 años.

El accidente ocurrió el 19 de setiembre de 2002 y conmocionó al país. El grupo de chicos y docentes participaban de un viaje de egreso y estudios en Chubut. Como parte del itinerario, el grupo sumó el Dique Florentino Ameghino, atravesado por una precaria pasarela. Chicos y docentes se subieron al mismo tiempo y la estructura colapsó, provocando la caída a las aguas del dique y las consecuentes 9 víctimas mortales.

La jueza Testino coincidió con el abogado Pablo Assín, que representa a las familias. Consideró probada la responsabilidad que tuvo la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, que no garantizó la seguridad de los chicos que integraron aquel viaje de estudios de la Escuela EGB N°39 “Fragata Libertad”, de Villa Magdalena. Iban acompañados por docentes y por la directora.

Reclamo material, moral y psicológico

El fallo de la jueza Testino favorece a las madres de Valeria Yamila Moreno y Walter Damián Caballero, ambos fallecidos. Su reclamo por daño material, moral, psicológico, patrimonial y costos de tratamiento –entre otros rubros indemnizatorios- se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en noviembre de 2002, pero un complejo derrotero procesal trajo la causa a Chubut. En el camino, algunas familias lograron acuerdos de reparación. Ahora, la condena incluye a Provincia Seguros, que tenía contrato con el Estado bonaerense.

Además de Valeria y Walter, las víctimas fueron Gabriel Mendoza, Daiana Antivero, Tomás Acosta, Jonathan Larrosa, José Véliz, Esteban Bernacchia y la directora de la escuela, Graciela Antinucci.

Según quedó demostrado en el largo proceso de investigación, la pasarela del dique no soportaba mas de ocho personas. Pero ese día se subieron 53 para sacarse una foto. Nadie tomó las precauciones del caso ni tampoco había un cartel que alertara sobre esta situación para garantizar la integridad física de los chicos y docentes.

El fallo repasa que el dique es un sitio turístico habitual, con muchos visitantes de otras provincias que en este caso no conocían los peligros del río ni de aquella pasarela. “Esta situación de potencial riesgo fue debidamente advertida en su momento por quienes se ocuparon de colocar el cartel indicador del máximo de personas que podía transitar por la pasarela, de un lado y del otro”, sostuvo la jueza.

Según el escrito al que tuvo acceso diario Jornada, sostiene que el Estado chubutense incurrió en una “conducta omisiva”. Si bien el puente tenía un cartel de advertencia de capacidad máxima, lo había sacado el jefe comunal de ese entonces Carlos Geréz para repararlo. No fue reemplazado hasta después del episodio. La estructura no estaba rota, pero fue mal usada y no se registraba ningún otro dispositivo de seguridad.

“Evidentemente se entendió en su momento que la pasarela era una cosa que podía generar un riesgo, y que correspondía advertir sobre la capacidad máxima a fin de evitar un mal uso del objeto que pudiera ocasionar resultados no queridos”, agregó en el escrito.

“Si bien la pasarela se desplomó por el mal uso dado, la previsión del riesgo que implicaba que tamaña cantidad de personas se ubicaran en un punto de la misma a la vez puede aplicarse a los docentes, quienes debieron representarse el riesgo que implicaba”. En tal sentido, “justamente la cartelería se coloca a los fines disuasivos, por ejemplo de menores que puedan inadvertir los peligros”.

Según la jueza, de haber estado el cartel indicador se hubiese evitado el hecho, advirtiendo a los niños del peligro de una sobrecarga. Tras explicar que “es clara y evidente la responsabilidad de los docentes a cargo del grupo”, el fallo sumó que “la propia Provincia advirtió en su momento la necesidad de colocar un cartel que indicara la capacidad máxima de la pasarela”.

En el caso de dos de quienes perdieron la vida y ahora sus familias serán indemnizadas, Walter Damián tenía 11 años. Su madre, que se enteró mirando la TV, fue de inmediato a la Escuela y le informaron que su hijo estaba en la lista de desaparecidos. Viajó a Chubut con un grupo de madres y padres a reconocer el cuerpo de su hijo, uno de los primeros en aparecer. Tras el episodio iba todos los días al cementerio, pero le recomendaron no concurrir tan seguido. Tiene pesadillas con su hijo muerto. “Lo recuerda con nostalgia y siente orgullo al decir que era querido por todos”, dice la pericia psicológica.

En cuanto a la madre de Valeria Yamila, se enteró del incidente por una vecina y fue a la escuela en búsqueda de información. Allí una docente le dio un tranquilizante. Su hija fue la última en aparecer. Viajó al sur con el grupo de padres y al día siguiente reconoció el cuerpo. Pasa la mayor parte del día cosiendo con su máquina y mientras llora dice: “Tengo que ocupar la mente”. Recuerda que su hija le dijo antes de viajar: “No te preocupes, nos cuida la seño”. La habitación y los objetos de Valeria quedaron tal como los dejó.

“Nadie puede imaginar siquiera el dolor que implica la muerte de un hijo o una hija –escribió la jueza Testino-. Nadie está preparado emocionalmente para esa situación y sigue a quien tiene esa pérdida por toda su vida ya que aunque logre sobreponerse siempre habrá una fecha, una canción, un olor, una estación del año, un cumpleaños sin festejos, que recuerde la misma”.

Sostuvo que “mensurar el dolor de estas mamás que accionan es entonces una tarea que aunque deba hacer siempre me llevará a preguntarme si estoy acertando, generando en mí más dudas que certezas desde que es obvio que ninguna suma puede compensar la pérdida sufrida”.

La magistrada ordenó devolver a las familias las fotos y boletines de calificación de sus hijos que habían aportado a la causa. “Es necesario que los papás y mamás que nos han facilitado con toda gentileza esos documentos únicos, permitiéndonos poner rostro a los niños y niñas, se reencuentren con tales valiosos testimonios de la vida de sus pequeños. Esta necesidad surge de la vivencia que toda madre tiene atesorando las fotos o los boletines de sus pequeños para a través de ellos conectarse con sus pequeños”.

Las provincias condenados ya apelaron el fallo ante la Cámara Civil de Trelew.

Por Ana Tronfi

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