¿Motosierra o cientificidio? Así impactan los fuertes recortes y la subejecución en organismos de ciencia y técnica
Mientras el sector teme por los proyectos estratégicos, el Gobierno afirma que está diseñando una “reestructuración de prioridades”
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Mientras el gobierno de Javier Milei celebra su política de recortes como una “motosierra”, en el ámbito científico argentino muchos lo definen como un “cientificidio“. Y es que, durante los primeros 17 meses de administración, todos los sectores de ese universo en la Argentina recibieron golpes presupuestales que, según miembros de los diferentes organismos que lo componen, amenazan a su desarrollo e incluso a su existencia. Lo más evidente se refleja en los fondos provenientes del Tesoro que se asignan cada año.
Entre esos organismos no solo figuran el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), las universidades o el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Dentro de la función Ciencia y Técnica también se encuentran institutos de investigación para la producción como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) o la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conea). Hay también instituciones dedicadas a la defensa, a la observación espacial y al desarrollo económico en una diversidad de áreas. Todos, en distintas proporciones, registraron una caída en la asignación del presupuesto público.
Las denuncias rondan siempre los mismos argumentos: bajas en el personal; salarios precarios, que en general no superan $1.100.000; incertidumbre sobre la posibilidad de mantener un puesto de trabajo, terminar una investigación u obtener una beca. Durante la manifestación del miércoles pasado, aspirantes a investigadores del Conicet denunciaron que alrededor de 1000 personas admitidas por el directorio de este consejo antes de la victoria libertaria, se mantienen en un limbo después de que el nuevo Gobierno tomara posesión.
En diálogo con LA NACION Jeremías Incicco, doctor en bioquímica de la UBA y una de las personas afectadas, denunció que lo que faltó el aval del Ejecutivo para que Empleo Público apruebe estas admisiones. Va un año y medio que la situación no cambia. “Solo nos falta esa firma, pero no quieren hacerlo”, dijo Incicco.
Incicco explicó que un 75% de estas personas tienen becas de doctorado o posdoctorado del Conicet que les permiten arrancar o continuar sus investigaciones y su trabajo, pero el resto tuvo que abandonar la posibilidad de investigar. “Muchos dan clases o tienen changas. Otros decidieron aplicar a becas para irse al extranjero”, describió.
Por otro lado, Ariel Pereda, director del INTA, decidió hablar públicamente sobre una peligrosa reducción del presupuesto desde diciembre de 2023 que desembocó en una caída de 1000 puestos de trabajo, subasta de propiedades y también de insumos.
El escenario se reproduce en la mayoría de los organismos de ciencia y técnica. Así lo planteó el estudio más reciente que elaboró el Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación (Ciicti) a partir de un análisis del presupuesto abierto que LA NACION corroboró con los datos oficiales.
Desde el año pasado, el gobierno nacional –a través del secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología, Darío Genua, o del vocero presidencial, Manuel Adorni– justificó dichas medidas como parte de una estrategia para sanear el Estado.
Cómo se financia la ciencia argentina
Los fondos para ciencia nacional no solo llegan de partidas estatales. Según datos públicos, desde 2016 hasta ahora las proporciones generales del financiamiento variaron poco: alrededor de un 30% o 35% provienen del Tesoro y otro 30%, de recursos propios, a partir de servicios que los institutos otorgan a la sociedad o a empresas. Después hay créditos internos e internacionales que equivalen a otro 30% o 35%. El resto son asignaciones específicas por una afectación puntual o transferencias que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología le da a algún organismo de manera interna.
Dependiendo de la institución, también la distribución de este presupuesto en gran parte se refleja en salarios y becas. Además, corresponde a la compra de equipamiento e insumos, así como a la construcción de infraestructura para el desarrollo de nuevas investigaciones.
Un sistema científico
La capa más superficial de estos recortes es consecuencia de la prorrogación del presupuesto 2023, primero, y del de 2024, después. Entre aquel año y el pasado hubo un aumento de las transferencias del Tesoro, aunque no correspondió con la escalada inflacionaria.
En tanto, del año pasado a este, la asignación estatal en pesos se redujo ligeramente. Sin embargo, la inflación provocó una caída en términos reales que llegó a un 48% si se promedian todos los sectores de la función Ciencia y Técnica en esos tres años. A la vez, solo entre 2023 y 2024 la ejecución sufrió una caída que promedió un 30%, pero que en algunos casos dobló o triplicó la media.
Durante el año pasado, los más afectados fueron la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología y la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+I). El presupuesto ejecutado en ambos organismos, dependientes de la Jefatura de Gabinete, cayó un 91,4% y un 69,4% respectivamente durante el primer año del gobierno libertario. El Servicio Meteorológico Nacional se encontró en el tercer lugar, con una subejecución del 30%.
Una caída de más 90%
Desde que asumió el nuevo gobierno, decidieron degradar el Ministerio de Ciencia y Tecnología a secretaría. Además de eso, por la prorrogación del presupuesto 2023, hubo una caída de la ejecución en el presupuesto de poco más del 90% además de una degradación de las transferencias desde el Estado, según lo expresó el informe del Ciicti. La degradación de ministerio a secretaría supuso un primer golpe que se tradujo, en primera instancia, en una baja del 36,7% del personal administrativo que había un año antes.
Según lo estipula la Ley de Ciencia, Tecnología e Innovación (25.467), sea secretaría o ministerio esta cartera contempla no solo la tarea administrativa, sino asegurarse de cumplir con objetivos generales. Mucho está vinculado a la federalización y fomento de la ciencia, los vínculos interinstitucionales, desarrollar conexiones con institutos foráneos e impulsar programas como el Programa Raíces, o los diseñados en 2022, durante la administración pasada, como Construir Ciencia y Equipar.
Sobre estos programas, desde el Gobierno explicaron que el problema era más administrativo que otra cosa. “La caída en la ejecución se debe a que varios centros no rindieron cuentas como las universidades. Ahora empezaron a rendir cuentas para empezar a ordenar”, afirmaron desde la secretaría. Aunque para Jorge Aliaga, miembro del directorio del Conicet, esto es una verdad a medias.
“Muchos de los proyectos de construcción de laboratorios o instalaciones que ya estaban empezadas quedaron a medias. Cuando el nuevo Gobierno asumió, la inflación convirtió el presupuesto para esas construcciones en mucho menos de lo que se requería”, explicó Aliaga. Añadió que varios de los que gozaban de programas como este trataron de comunicarse con la secretaría durante todo el año. “Pero no contestaban. No nos respondían”, denunció.
En su momento, el secretario Genua criticó en redes sociales y en medios de comunicación la creación de dichos programas. El principal argumento era que eran ineficientes, desordenados, o que servían como una forma de maquillar corrupción.
“El programa Construir Ciencia prometió 97 obras de infraestructura científica. ¿Cuántas se concretaron? Apenas 3. Durante los últimos meses de 2023 se firmaron convenios a las corridas, más por urgencia electoral que por una planificación seria”, criticó en su cuenta de X. Según varias fuentes consultadas por LA NACION, hubo una intención para actualizar u ordenar presupuestos; sin embargo, la interlocución quedó trunca.
No fue hasta inicios de este año que la Jefatura de Gabinete firmó una resolución para darle el poder a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de dar de baja dichos programas. Entonces, los beneficiarios de los programas tienen un plazo de seis meses para rendir las cuentas de los gastos o devolver los fondos. “Yo tengo un laboratorio que quedó al 30% de construcción, ahora tengo que gastar lo que queda, pero no puedo hacerlo en cualquier cosa. Es plata específica”, advirtió Aliaga.
La agencia que sostiene la investigación
La Agencia I+D+I, dependiente de Jefatura de Gabinete, es el segundo sector con menor ejecución durante el primer año del gobierno libertario. También tuvo dos directoras en ese período. La primera de ellas, Alicia Caballero, renunció después de hacer “pública una carta de despedida en la que deja entrever que las decisiones por las que tuvo que abandonar el cargo se tomaban ‘en otro nivel’”, según trascendió en aquel momento. Por otro nivel, se refería a personas con un rango mayor en el escalafón gubernamental.
Esta agencia fue creada durante el menemismo con el objetivo de captar fondos, en especial internacionales, para desarrollar proyectos de investigación tanto para la ciencia básica como para los sectores productivos. Maneja tres fondos distintos: Foncyt, dedicado al desarrollo de ciencia básica y que tenía 4723 proyectos; Fontar, dedicado a la innovación tecnológica para pymes, con 718; y Fonarsec, dedicado a la creación de nuevas empresas de base tecnológicas, con 87 proyectos. El dinero para ellos provenía especialmente de la banca multilateral. En especial del BID, del Banco Mundial y de BCIE. Desde la agrupación Defendamos la Ciencia denunciaron que el 80% de los fondos provenientes del BID se recortaron.
En diálogo con LA NACION, Caballero explicó que hasta finales de septiembre del año pasado, cuando renunció al cargo, se había ejecutado menos de la mitad del presupuesto 2024. Reiteró que durante su gestión no pudo ejecutar muchos de los proyectos que estaban activos dentro de la agencia. Uno muy importante es el de los Proyectos de Investigación Científica y Tecnológica (PICT), que básicamente fondean proyectos de investigación en los que se pueden utilizar para insumos, viáticos, gastos de publicaciónrales que duran dos años. Desde que asumió Milei, no se otorgaron becas para nuevos candidatos.
Aquí permanecen en limbo todos los proyectos admitidos durante la convocatoria 2022 de los PICT. En principio, al final de 2023, los grupos admitidos iban a empezar sus investigaciones, pero nunca pudieron. Se trata de 1584 proyectos, que según denunciaron manifestantes dentro del sector científico, el Gobierno decidió desconocer. Los resultados se habían publicado en 2023, pero con la entrada de la nueva administración, borraron esos resultados de la página web.
Por otro lado, la Agencia I+D+I abrió la convocatoria 2023, pero se ha pospuesto el cierre siete veces. “Para nosotros esto significa que no han evaluado a ningún proyecto nuevo”, ponderó Incicco.
Desde la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología explicaron que se está diseñando una “reestructuración de prioridades” para el financiamiento en ciencia. Adelantaron que en los próximos días darán un anuncio sobre las nuevas formas en las que financiarán tanto nuevas investigaciones como becas, equipo e insumos. “Nuestra prioridad van a ser los proyectos que abonen a los sectores de agroindustria, biotecnología, salud, energía y minería”, desglosaron.
Pérdida de autonomía
Dentro del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), todo también parece apuntar hacia una reestructuración del organismo. En términos reales, según el estudio del Ciicti, tuvo una caída del 30,5% de la ejecución con respecto a 2023. La reducción presupuestaria del año pasado se ve reflejada especialmente en una baja de 121 puestos de trabajo. Además de eso, hay rumores desde hace meses de una recentralización de la institución y una fusión con otros organismos científicos. Hoy, el SMN está en la órbita del Ministerio de Defensa, aunque es autárquico.
Según fuentes consultadas por LA NACION, existe la posibilidad de que el organismo sea transferido a otro ministerio, mientras el personal teme perder la autonomía. Hace unos meses se filtró el boceto de un decreto en el que pretendían eliminarla. El proyecto se reproduce sobre varios organismos autárquicos y es impulsado por Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado.
Además del recorte al presupuesto público, el Gobierno también pretende abrir a la competencia los servicios que el SMN provee a la industria aérea. Este es uno de los más importantes ingresos propios que el organismo tiene.
La normativa vigente se remonta a la Ley N° 17.285, que en 1967 sancionó el Código Aeronáutico argentino. En sus artículos 13 y 14, faculta al Poder Ejecutivo para determinar los servicios de protección al vuelo y fijar sus tarifas. En 2007, cuando el SMN pasó a depender del Ministerio de Defensa mediante el decreto 1689, se estableció una tasa de protección del vuelo que se redujo en 2023.
En junio de 2015, la Ley N° 27.161 dio origen a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). En su artículo 15, establece que el SMN es el responsable de prestar el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET) a EANA, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad definidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en su rol de autoridad aeronáutica.
Se trata de un servicio meteorológico clave para la aviación, ya que brinda pronósticos, observaciones y monitoreo en tiempo real para garantizar vuelos seguros y eficientes. Su información permite a los pilotos tomar decisiones y evitar condiciones climáticas adversas.
Desde el SMN advierten sobre el impacto de la posible desregulación. “EANA quiere que se elimine la obligatoriedad de que el SMN brinde este servicio. Si empresas privadas comienzan a ofrecerlo, el SMN perdería una fuente genuina de financiamiento por el trabajo que realiza”, señaló un científico del organismo.
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